¿Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deberían hacer los familiares para no pagar sanciones?

Plazo y sanciones por no pagar

Conocer los plazos fiscales exactos y las consecuencias legales evita sanciones graves de la Agencia Tributaria. Proteger el patrimonio familiar requiere cumplir con las obligaciones tributarias vigentes y no retirar fondos indebidamente.

Protocolo inicial: Qué ocurre con el banco tras el fallecimiento

La gestión de las finanzas de un familiar tras su pérdida puede ser un proceso complejo y con implicaciones legales si no se actúa con la rapidez adecuada.

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, los familiares deben notificar formalmente el deceso a la entidad financiera lo antes posible para evitar la acumulación de comisiones inesperadas o recargos fiscales. Esta notificación inicial es un paso administrativo obligatorio y totalmente gratuito. Tras recibir el aviso, el banco tiene la obligación de congelar de manera inmediata el saldo de las cuentas, las tarjetas de crédito o débito y las claves de acceso digital para garantizar la protección de los fondos del causante hasta que se resuelva el proceso de herencia.

A pesar de este bloqueo general, existen ciertas excepciones legales de vital importancia que permiten realizar pagos desde la cuenta bloqueada sin incurrir en sanciones. Las entidades financieras están autorizadas a liberar fondos de forma exclusiva para sufragar los gastos funerarios y de sepelio, así como para abonar las facturas de suministros básicos del hogar del fallecido que sigan vigentes.

También se permite el pago de las obligaciones tributarias derivadas de la propia herencia utilizando el saldo remanente de la cuenta.

En mi experiencia gestionando trámites de testamentaría, la rapidez con la que se comunica el fallecimiento por escrito ahorra dolores de cabeza innecesarios y frena en seco el cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas inactivas, una práctica que los bancos no deberían aplicar si la cuenta carece de movimientos operativos.

El checklist cronológico para evitar multas de Hacienda

El cumplimiento de los plazos fiscales es el factor más crítico para que los herederos no tengan que afrontar costosos recargos económicos por parte de la Agencia Tributaria. El plazo legal establecido para presentar y liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es de seis meses exactos, a contar obligatoriamente desde el día del fallecimiento del titular de los bienes.

Si los familiares prevén que la recopilación de documentos o el acuerdo sobre el reparto de la herencia va a demorarse, existe una alternativa legal: solicitar una prórroga.

Esta solicitud de prórroga debe presentarse de manera formal dentro de los primeros cinco meses del plazo inicial y concede a los interesados un margen adicional de otros seis meses para realizar el pago voluntario, sumando un total de un año desde el deceso.

Presentar el impuesto fuera del plazo de seis meses sin haber solicitado la prórroga correspondiente activa de forma automática una serie de penalizaciones fiscales progresivas.

Si la autoliquidación se realiza de manera voluntaria, es decir, antes de que Hacienda envíe una reclamación oficial, los cuentas bancarias de un fallecido sanciones varían según el tiempo transcurrido. El recargo inicial es del 1% más un 1% adicional por cada mes completo de retraso si el retraso es inferior a doce meses, momento en el que además comienzan a acumularse los intereses de demora correspondientes.

En el caso extremo de que sea la propia Administración la que detecte el impago e inicie un procedimiento de requerimiento, la sanción tributaria se agrava notablemente, situándose en una horquilla de entre el 50% y el 150% del total de la cuota que se debió haber ingresado.

Consecuencias penales por la retirada de dinero no autorizada

Uno de los errores más graves y extendidos entre los familiares consiste en acudir al cajero automático o realizar transferencias bancarias empleando las claves de banca digital del titular una vez que este ha fallecido.

Muchas personas asumen erróneamente que, al figurar como personas autorizadas en la cuenta de su familiar, conservan el derecho legítimo a disponer de los fondos para usos particulares o adelantos del reparto. Sin embargo, los poderes de autorización expiran de forma legal y fulminante en el mismo instante del deceso del causante. Cualquier disposición de capital realizada con posterioridad a la muerte sin el consentimiento expreso y acreditado de la totalidad de los herederos legítimos es una práctica ilegal que puede derivar en graves problemas judiciales.

El Código Penal español tipifica esta conducta como un delito de apropiación indebida si se comprueba que un individuo ha dispuesto de los fondos que ya pertenecen al caudal de la herencia yacente en beneficio propio.

Las penas asociadas a este delito varían en función de la cantidad sustraída de la cuenta bancaria. Si el importe total de lo retirado de forma ilícita no excede los 400 euros, la infracción se califica como un delito leve y conlleva una sanción económica en forma de multa de uno a tres meses. No obstante, si la cantidad retirada supera la barrera de los 400 euros, la legislación penal eleva la gravedad del delito, castigando al infractor con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años, además de la obligación de reintegrar la totalidad de los fondos extraídos. ^[6] Existen severas sanciones por sacar dinero cuenta de un fallecido sin la debida autorización.

Derechos de los herederos frente a los abusos bancarios

Durante la tramitación del expediente de herencia ante las entidades financieras, es habitual que los familiares se encuentren con cobros de comisiones que vulneran los criterios de transparencia. El Banco de España mantiene una postura muy clara respecto a los abusos bancarios más comunes en la gestión de herencias.

Las entidades bancarias tienen la obligación legal de facilitar información detallada a los herederos acreditados, lo que incluye la emisión gratuita del certificado de posiciones bancarias a fecha del fallecimiento. Este documento es indispensable para liquidar de manera correcta el Impuesto de Sucesiones y los bancos no pueden exigir contraprestación económica por su entrega.

Tampoco es ajustado a las buenas prácticas cobrar tarifas por facilitar los extractos de movimientos bancarios del año anterior al deceso o de los meses posteriores. Conocer el procedimiento correcto ayuda a entender como cerrar cuenta banco familiar fallecido de forma transparente.

Otra de las prácticas controvertidas es el cobro de la denominada comisión por la tramitación del expediente de testamentaría. Las entidades bancarias suelen aplicar un cargo que oscila habitualmente entre los 80 y los 100 euros en concepto de revisión jurídica de la documentación aportada por los herederos.

El regulador bancario especifica que si los familiares entregan toda la documentación sucesoria perfectamente preparada y el banco se limita a realizar una mera verificación rutinaria para liberar los fondos, este cobro resulta improcedente.

La comisión solo está justificada si la entidad presta un servicio de asesoramiento o mediación específico e independiente similar al de un profesional externo, y siempre que el cliente haya sido informado de forma previa y haya aceptado expresamente el servicio por escrito, evitando el riesgo no comunicar al banco fallecimiento del titular de la cuenta.

Tipos de cotitularidad bancaria y su impacto tras el fallecimiento

El régimen de titularidad de la cuenta determina la libertad de disposición de los fondos que tienen los familiares y supervivientes tras la muerte del titular principal, influyendo de manera directa en el riesgo de sufrir sanciones.

Cuenta con único titular (y personas autorizadas)

• Restringido en su totalidad hasta la adjudicación formal de la herencia y liquidación tributaria.
• Las autorizaciones bancarias se extinguen de manera automática con el deceso. No pueden retirar efectivo.
• Bloqueo total e inmediato del 100% de los fondos depositados en la cuenta tras la comunicación oficial.

Cuenta conjunta o mancomunada

• Exige el consentimiento expreso y por escrito de todos los cotitulares supervivientes y herederos legítimos.
• Cualquier movimiento o disposición de capital posterior al deceso requiere la firma unánime de los herederos.
• El banco bloquea la parte correspondiente al fallecido, calculada de forma proporcional entre los titulares.

Cuenta indistinta o solidaria

• Libre para el superviviente, aunque debe justificar los movimientos ante Hacienda para evitar cometer fraude.
• El titular vivo puede retirar fondos, pero a efectos fiscales solo le pertenece su porcentaje del saldo total.
• El cotitular superviviente mantiene el derecho a disponer del dinero para las operativas habituales.

La gestión hereditaria de la familia Martínez: Errores y rectificaciones en Madrid

Carlos y Elena, residentes en Madrid, afrontaron el deceso de su padre en febrero de 2026. Ante la necesidad de abonar el primer mes de los gastos de mantenimiento de la vivienda familiar y sepelio, Elena utilizó la tarjeta de débito del fallecido para retirar dinero del cajero automático.

Su primer intento de tramitación con la entidad bancaria consistió en solicitar el saldo total sin haber presentado documentación legal alguna. El banco bloqueó inmediatamente la cuenta tras registrar la notificación y les advirtió de que la retirada por cajero tras el fallecimiento violaba la normativa vigente.

Al comprender la gravedad de la situación y el riesgo de incurrir en una infracción por apropiación indebida, los hermanos paralizaron las extracciones informales. Decidieron recopilar de inmediato el certificado de defunción y las últimas voluntades para abrir formalmente el expediente de testamentaría regular.

Tras presentar la documentación y justificar la liquidación del impuesto sucesorio en el cuarto mes, lograron el desbloqueo total de los fondos sin sufrir multas fiscales, habiendo acreditado de forma transparente que las primeras retiradas se destinaron exclusivamente a los costes del sepelio.

Esta información se ofrece exclusivamente con fines educativos y de divulgación general, por lo que no constituye asesoramiento legal, financiero o fiscal personalizado. Las normativas autonómicas y los criterios bancarios pueden variar significativamente según el territorio y la fecha de su aplicación. Se recomienda encarecidamente consultar a un abogado especializado en sucesiones o a un asesor fiscal colegiado antes de tomar decisiones o realizar movimientos de capital en las cuentas de una persona fallecida.