¿Qué pasa si una persona se roba la luz?

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El robo de energía eléctrica en México, popularmente conocido como diablito, conlleva serias consecuencias legales. El Código Penal Federal, en su artículo 368, establece penas de prisión de entre 3 y 10 años para quienes cometan este delito. Adicionalmente, se impone una multa considerable que puede alcanzar hasta los 66 mil pesos.

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El Costo Real del “Diablito”: Más Allá de la Luz Gratis

En México, la práctica del robo de energía eléctrica, comúnmente llamada “colgarse de la luz” o usar un “diablito”, parece una solución fácil para ahorrar en el recibo. Sin embargo, este acto ilícito conlleva consecuencias que van mucho más allá del simple ahorro económico. Las repercusiones legales, los riesgos a la seguridad y el impacto en la comunidad son factores que a menudo se ignoran al momento de optar por esta peligrosa práctica.

Como se ha mencionado, el Código Penal Federal, en su artículo 368, establece penas de prisión de 3 a 10 años y multas de hasta 66 mil pesos. Pero más allá de la fría letra de la ley, el robo de luz representa un riesgo latente para la seguridad de quienes lo practican y para sus vecinos. Las instalaciones eléctricas manipuladas inadecuadamente pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso electrocuciones, poniendo en peligro vidas humanas y propiedades.

Además del peligro inmediato, el robo de energía eléctrica impacta negativamente a toda la comunidad. Al no pagar por el servicio, se genera una carga económica adicional para la compañía suministradora, lo que a la larga puede traducirse en un aumento de tarifas para los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones. Este acto, por lo tanto, perpetúa un ciclo de injusticia social donde los honestos terminan subsidiando a quienes delinquen.

El “diablito” no solo representa un robo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino también un robo a la sociedad. Se priva a la comunidad de recursos que podrían destinarse a mejorar la infraestructura eléctrica, a ampliar la cobertura del servicio y a desarrollar programas de apoyo para quienes realmente necesitan ayuda con el pago de sus recibos.

Es importante destacar que existen alternativas legales para quienes tienen dificultades para pagar el servicio eléctrico. La CFE ofrece planes de pago y programas de apoyo para usuarios vulnerables. Informarse y buscar estas opciones es fundamental para evitar caer en la tentación del “diablito” y sus graves consecuencias.

En conclusión, el robo de luz no es un simple “atajo” para ahorrar dinero. Es un delito que pone en riesgo la seguridad, afecta la economía de la comunidad y perpetúa la desigualdad. La solución no está en la ilegalidad, sino en la responsabilidad individual y la búsqueda de alternativas legales que garanticen el acceso a la energía eléctrica de manera segura y justa para todos.